Contrato de alumbrado público en Cali bajo la lupa de la Contraloría
Contrato de alumbrado público en Cali bajo la lupa de la Contraloría
El contrato de $93 mil millones para modernizar, operar y mantener el alumbrado público de Cali está en el centro de una nueva polémica. La Contraloría General de la República iniciará una investigación especial luego de que la Comisión Primera del Senado aprobara la solicitud del senador Carlos Fernando Motoa para ejercer control excepcional sobre el proyecto.
¿Qué se cuestiona?
Motoa señala presuntas irregularidades desde la etapa de planificación del contrato, afirmando que este violó principios de transparencia y pluralidad en la contratación pública. Según el senador:
- Licitación poco competitiva:
- La licitación realizada por Emcali limitó la participación al habilitar solo a una de las cinco empresas que presentaron propuestas.
- La Unión Temporal Cali Ciudad Luz 2024, única empresa habilitada, ganó la adjudicación de las zonas centro y sur, las cuales presentan avances mínimos en ejecución.
- Exigencias restrictivas:
- Se impusieron requisitos como contar con un socio fabricante de luminarias y haber reemplazado al menos 7,500 luminarias HID a LED en proyectos anteriores, reduciendo las opciones para otros oferentes.
- La Procuraduría ya había advertido sobre estas condiciones en julio de este año, pidiendo explicaciones a Emcali antes de adjudicar el contrato.
- Sobrecosto alarmante:
- En 2022, un contrato similar costaba $22 mil millones. Ahora, la cifra asciende a $93 mil millones, un incremento del 322 %.
Consecuencias visibles: Cali a oscuras
Mientras las disputas administrativas avanzan, la ciudad enfrenta retrasos en la ejecución del contrato. Varias zonas permanecen en penumbra, lo que ha generado críticas por parte de la ciudadanía y del Concejo de Cali, quienes cuestionan tanto la ejecución del proyecto como la planificación inicial.
¿Qué sigue?
La Contraloría revisará los procesos de adjudicación y los gastos asociados al contrato. Además, Motoa ha presentado quejas ante la Procuraduría para garantizar que se investiguen posibles responsabilidades disciplinarias.
La ciudad sigue esperando respuestas mientras la luz, al menos en este proyecto, parece cada vez más tenue.